La formación opositora pide a las grandes potencias que apoyen la democracia y "no se detengan en las promesas del dictador"
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La formación opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS) ha denunciado que la violación de los Derechos Humanos sigue siendo una "realidad incuestionable en Guinea Ecuatorial" y ha acusado al régimen de Teodoro Obiang Nguema de haber "extremado las medidas de represión" a causa de las rebeliones en países del norte de África, como Túnez, Egipto y Libia.
"La violación de los Derechos Humanos sigue siendo una realidad incuestionable en Guinea Ecuatorial, cuya población, oprimida y debilitada, sigue sometida al férreo control del régimen del presidente Obiang", aseguró el principal partido opositor del país africano con motivo de la publicación de su Informe sobre Derechos Humanos 2010.
Según CPDS, a lo largo de este año se "han extremado las medidas de represión preventiva en países como Guinea Ecuatorial" a causa del "triunfo de las rebeliones del norte de Africa" contra las dictaduras de Zine al Abidine Ben Alí en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, así como la que se sigue registrando en Libia contra Muamar Gadafi.
Por ello, advirtió el partido del diputado Plácido Micó, es "indispensable" que haya "una acción decisiva de la comunidad internacional sobre la dictadura que impera en Guinea Ecuatorial, que apoye las iniciativas locales y no se detenga en las promesas del dictador".
"La comunidad internacional debe tener presente el carácter incumplidor del presidente de Guinea Ecuatorial: no es fácil encontrar un compromiso de apertura democrática o relativo al respeto de los Derechos Humanos firmado por él y que haya sido satisfactoriamente respetado", manifestó CPDS.
En este sentido, la formación opositora criticó "los intereses y apetitos energéticos de los grandes países, que se benefician de los recursos naturales del país y les conducen a apoyar a las dictaduras". Las grandes potencias, advirtió, deben "apoyar el establecimiento de regímenes democráticos", que "seguirán necesitando siempre de su alta tecnología para extraer sus recursos naturales, al tiempo que podrán, por fin, mejorar la situación política, social y económica de sus Estados, así como el bienestar de sus poblaciones".
LA SITUACIÓN DE LOS DDHH
En el informe, CPDS asegura que la expulsión de Malabo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la congelación del Premio de la UNESCO que llevaba el nombre (y el apoyo financiero) de Teodoro Obiang Nguema y el aplazamiento de la entrada del país en la comunidad de países de lengua portuguesa --tres acontecimientos registrados a lo largo de 2010--, son una "consecuencia notoria" de las "violaciones crónicas de los Derechos Humanos" por parte del régimen ecuatoguineano.
"En este año 2010, la guardia especial del presidente Obiang, formada por los israelíes, ha sembrado el terror entre la población con la comisión gratuita e impune de varios asesinatos ante un poder judicial (que actúa) a las órdenes del presidente de la República", denunció CPDS en su informe.
Asimismo, prosiguió, "la carrera ciega hacia el enriquecimiento rápido de amigos, colaboradores y familiares del presidente Obiang, justificó grandes inversiones presupuestarias en infraestructuras fantasmas, dejando muy de lado el interés por la población para pasar a nutrir irrefrenables apetitos personales", prosiguió.
El informe denuncia también la situación de las cárceles, "ampliamente nutridas por las habituales detenciones arbitrarias" y en las que no se admiten "visitas de organizaciones relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos", y recuerda que en el verano de 2010 se produjo la "ejecución sumarísima de cuatro opositores políticos secuestrados desde Nigeria y cuya presencia en Guinea Ecuatorial había sido negada siempre por las autoridades del país".
"Buen conocedor de la naturaleza de sus compatriotas, la represión ha aumentado en estos últimos meses en forma de detenciones arbitrarias, de encarcelamientos breves, de maltratos físicos, etcétera, sin que se supiera nunca quién ordenaba las detenciones ni quién las excarcelaciones, ni se castigara nunca a los autores de dichos atropellos, a pesar de ser bien conocidos", aseguró el partido de Micó.
"Las mismas acciones sirvieron para seguir acosando a opositores, disuadirles de toda iniciativa que no respondiera a los deseos del régimen y para intimidar a una población, ya de por sí muy timorata", prosiguió.
Aparte, el informe denuncia también que, en 2010, la producción de hidrocarburos continuó "con igual intensidad", sobre "un fondo de pobreza de la población y con consecuencias no valoradas sobre el medio ambiente".
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